Ética y Buenas Prácticas

Podriamos definir Buenas Prácticas en Atención a Personas con Alzheimer, aquellas que van acordes con el nivel de conocimiento científico-técnico, en una estructura de Asociacionismo donde la humanización, el apoyo y el cariño son el hilo conductor. Respondiendo a necesidades sociales y como siempre adecuandonos al nivel socioeconómico disponible. En un servicio Público de Salud hay que tener una dimensión universal y de justicia social. Todo ello en un contexto ético de respeto a las personas diagnosticadas de Alzheimer y a sus cuidador@s. A. López

jueves, 29 de septiembre de 2011

28 de Septiembre del 2011 "Se ha admitido a trámite el proyecto de Ley de Salud Pública"



Luís Ponce de León ha asistido como  invitado, en representación de ConFEAFA, a la presentación por parte de la Consejera de Salud:  Dª María Jesus Montero,  al Proyecto de Ley de Salud Pública que ha tenido lugar hoy a las 17:30 en el Parlamento Andaluz.

 El Pleno ha dado luz verde a la tramitación, tras superar el debate de totalidad, del proyecto de Ley de Salud Pública Andaluza.

El proyecto de Ley de Salud Pública inicia su tramitación parlamentaria tras superar el debate a la totalidad
Las iniciativas públicas y privadas tendrán que contar para su autorización con un informe del impacto en salud

Esta norma tiene como objetivo continuar mejorando la salud de la población desde una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción.
Así lo ha explicado hoy la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el Parlamento, donde ha señalado que el proyecto de ley "es un elemento más de un proceso de cambio iniciado en 2006" y que han permitido "desarrollar nuevos sistemas de vigilancia, la creación de una red de alerta de salud pública, la prevención y control de enfermedades infecciosas, así como el desarrollo de programas específicos para afrontar diversos problemas de salud pública".
Se trata de un texto con una visión garantista y de futuro, que introduce la perspectiva de la salud colectiva como eje transversal de las políticas, que deja atrás el carácter asistencial del sistema para abundar en las políticas de prevención y promoción, y que redefine la salud pública para adaptarla a las nuevas necesidades; es decir, "para prevenir las enfermedades, prolongar la vida de las personas y mejorar la salud mediante acciones colectivas", ha apuntado Montero.
La nueva normativa, cuyo desarrollo está recogido en el Estatuto de Autonomía, pretende que cada política e iniciativa (de empleo, vivienda, deportes, innovación, educación, urbanismo…) incorpore la implicación de la salud colectiva, beneficie a los ciudadanos e incluya la evaluación del impacto en salud desde todos los ámbitos.
Derechos de nueva generación
Entre los derechos que quedan recogidos en el proyecto de ley están el derecho del ciudadano al conocimiento; Además, se establecen como derechos de la ciudadanía los de disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a que los organismos públicos competentes desarrollen estrategias educativas saludables y de promoción de actividades físicas, así como que los planteamientos urbanísticos incluyan la construcción de zonas verdes.
Recoge como derecho que las administraciones públicas establezcan estrategias de movilidad sostenible, tales como el uso de la bicicleta, establece que en la construcción de las viviendas o los edificios no se podrán utilizar materiales que supongan un riesgo para la salud y recoge que la construcción o puesta en marcha de actividades o zonas industriales tendrán que garantizar un perímetro de seguridad para la ciudadanía.
La Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir informes de evaluación de impacto en salud de los planes o programas desarrollados por la Junta, de los planteamientos urbanísticos, actividades, planes, programas, obras…
Entre las obligaciones recogidas en el texto normativo para la ciudadanía destacan la de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; la de utilizar adecuadamente la información recibida; la de no causar voluntariamente un peligro para la salud; la de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública y la de cooperar en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y la calidad de vida.

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