La consejera ha participado en Bruselas en una conferencia en la que ha puesto en valor las estrategias andaluzas que se están llevando a cabo en línea con el IV Plan Andaluz de Salud
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado el envejecimiento activo como "derecho social y como principio rector" de las políticas de la Junta de Andalucia. Durante en la II Conferencia de Miembros de la Asociación Europea Innovadora sobre Envejecimiento Activo y Saludable celebrada en Bruselas, María José Sánchez Rubio ha insistido en que el envejecimiento activo es un concepto prioritario dentro del IV Plan Andaluz de Salud, una estrategia que pretende que las personas vivan más años y con más calidad y autonomía.
La máxima responsable de la sanidad andaluza, que ha intervenido en el panel titulado "Crecimiento Económico, Social y Empleo", ha resaltado que las personas mayores constituyen un activo social y económico imprescindible. En su intervención ha destacado que las dos estrategias presentadas por Andalucía en este foro, envejecimiento activo y salud digital, han sido evaluadas como buenas prácticas con la máxima puntuación -3 estrellas- por la Comisión Europea.
También ha recordado que Andalucía ha elaborado el Libro Blanco del Envejecimiento Activo, con el que ha sido pionera en España y en Europa en establecer un marco de cabecera para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su participación en el conjunto de la sociedad.
En este contexto, la consejera ha realizado un repaso por las políticas de envejecimiento activo llevadas a cabo por la Junta de Andalucía y los programas para incentivar y fomentar la participación de este colectivo en la vida social, así como para mejorar la calidad de vida de las personas con 65 o más años, que son 1.280.000 en Andalucía.
Sánchez Rubio se ha referido a los 168 Centros de Participación Activa de titularidad de la Junta que, junto a los que dependen de Ayuntamientos y Diputaciones, suman 924 en el conjunto de la geografía Andaluza y con los que las personas mayores tienen acceso a numerosas actividades y programas para un envejecimiento activo y saludable. Sólo en los centros de titularidad de la Junta trabajan 400 personas, de las que el 75% son mujeres, a los que hay que sumar los empleos de empresas derivadas y de autónomos.
Asimismo, ha hecho referencia a la Tarjeta Andalucía Junta 65, de la que actualmente disponen más de un millón de personas mayores, que obtienen descuentos y bonificaciones a través de varios programas, entre los que ha destacado el de transporte en autobús, que posibilita a las personas beneficiarias viajar a la mitad de precio a más de 1.000 destinos interurbanos, así como beneficiarse de precios reducidos en productos ópticos y prótesis auditivas. Esta tarjeta también ofrece descuentos en empresas de deportes, ocio y tiempo libre adheridas.
La prioridad, las políticas sociales
La consejera se ha referido especialmente al empleo generado por la atención a la Dependencia, al ser muy feminizado y no deslocalizable. Este sector ha supuesto –según los datos aportados por la consejera en esta conferencia-- la incorporación de 45.000 personas al mercado de trabajo en los últimos seis años, sin contar que se liberan recursos familiares y sociales para su dedicación al empleo.
Asimismo, ha recordado que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sitúa la tasa de retorno de los servicios de atención a la Dependencia en cerca del 30% (por cada 100 euros invertidos se recuperan 28,44 euros). Al mismo tiempo, Sánchez Rubio ha apuntado que este sector genera una importante cantidad de empleo inducido a través del movimiento asociativo, que cuenta con el apoyo de la Junta a través de subvenciones y ayudas.
La titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha destacado los sectores de la salud y de los cuidados. Se ha referido a los impactos tanto económicos como de ahorro que tienen dos estrategias específicas prioritarias para la Administración autonómica: la de Envejecimiento Activo y la de Salud Digital (e-Salud), calificadas como buenas prácticas con la máxima puntuación –tres estrellas--, con las que se pretende mejorar el bienestar de la población a través de programas e instrumentos que contribuyen a la sostenibilidad y eficacia de los sistemas públicos y promueven la competitividad y el crecimiento económico.
178.000 titulares del Servicio de Teleasistencia
El Servicio Andaluz de Teleasistencia es otra de las prestaciones que ofrece la Tarjeta Andalucía Junta 65 y en la que se ha detenido especialmente la consejera. Dicho servicio, de atención y apoyo a mayores y personas dependientes, alcanza a 178.000 personas –titulares del servicio a los que hay que sumar sus cuidadores y familias, que también se benefician se este servicio-- en Andalucía a través de dos call-center, ubicados en Sevilla y Málaga.
Además, sobre la base de la plataforma de Teleasistencia se han desarrollado dos proyectos de innovación (Independent y Commonwell) que han permitido integrar la asistencia sanitaria con los servicios de teleasistencia.
Diez años de la Receta XXI
Del mismo modo, Sánchez Rubio ha puesto en valor la estrategia de Salud Digital de Andalucía (e-Salud) y ha destacado la Receta XXI, que acaba de cumplir diez años desde su puesta en marcha, y que constituye un punto de referencia para otros desarrollos tecnológicos de este tipo en España. De hecho, Andalucía fue la primera comunidad española en implantarla.
Ha detallado que la inversión en la conocida como receta electrónica en esta década ha ascendido a 4 millones de euros, mientras que con ella se han ahorrado 7,6 millones en concepto de recetas en soporte papel, así como una reducción del 15% en la cifra de consultas en los centros de salud, ya que se ha conseguido evitar 52,5 millones de consultas en los centros de Primaria en este periodo.
La historia clínica digital (Diraya) ha sido otro de los instrumentos esenciales que ha mejorado la atención a la ciudadanía y el trabajo de los profesionales.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha apostillado que, Andalucía dispone de las herramientas y los recursos necesarios para avanzar en la eficacia, sostenibilidad y calidad de los sistemas públicos de servicios sociales y de salud.
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